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EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA

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A pocos días del primer Foro Internacional de Innovación en Educación Superior Inn•kind FIEd Colombia 2024, que se llevará a cabo en Bogotá el 4 de junio, expertos, líderes educativos, representantes gubernamentales y empresariales se reunirán para abordar los desafíos urgentes que enfrenta la educación superior en Colombia, especialmente en el contexto de la Ley 30, una revisión profunda del marco legal y una acción concertada por parte de todas las partes interesadas. Se abordarán los desafíos y dificultades que enfrenta el sistema mixto de educación pública y privada en el país, con un enfoque en la modernización del marco legal y la promoción de la calidad y la equidad en todas las regiones.

Es importante abrir la discusión en torno a los cambios que se están proponiendo, ya que, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, queda mucho por hacer para garantizar una educación superior inclusiva, dinámica y de calidad para todos los colombianos, y es oportuna la búsqueda de soluciones innovadoras y colaborativas para transformar el sistema educativo del país.

La reciente aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes de la Ley Estatutaria marca un hito en la transformación del sistema de educación superior en Colombia, así como intenso debate. Esta reforma, que aborda la cuestión de si la educación superior debe ser considerada un bien público o privado, ha suscitado opiniones encontradas debido a sus implicaciones económicas y políticas. Desde la perspectiva que prioriza el bien público, se argumenta que el Estado debe garantizar los recursos financieros para la formación avanzada y especializada de todos los ciudadanos, fundamentando así el futuro desarrollo del país. Este enfoque reconoce el papel crucial de la educación superior en el avance de la ciencia, la vinculación con el sector empresarial, la promoción cultural y el fomento de opiniones críticas sobre asuntos estatales.

Por otro lado, existe una perspectiva más individualista que concibe la educación superior como un medio para asegurar oportunidades de empleo y progreso personal, sin una necesaria corresponsabilidad con la sociedad. Este enfoque, prevalente en América Latina, reconoce la importancia de la educación privada y la responsabilidad parcial del Estado en el sostén de instituciones públicas, considerando que una parte minoritaria de la población puede costear una educación privada.

La reciente reforma ofrece gratuidad en la matrícula de forma permanente para todos los estudiantes que accedan a instituciones públicas, ampliando así el acceso a la educación superior. Según datos proporcionados por José Joaquín Brunner, Exministro Secretario General de Gobierno y Expresidente del Consejo Superior de Educación del Gobierno de Chile, en Latinoamérica en 1950 había 250.000 estudiantes de educación superior, mientras que en la actualidad esta cifra asciende a alrededor de 28.000.000. En Colombia, a finales de los noventa, la cobertura de educación superior no superaba el 18%, pero hoy se habla del 51%, con cerca de 2.500.000 estudiantes matriculados y 296 instituciones de educación superior. El 32% de estas instituciones son públicas y concentran alrededor del 50% de la matrícula, incluyendo el SENA, mientras que el 68% restante asiste a instituciones privadas. Sin embargo, se plantean preguntas sobre cómo esta medida afectará realmente la equidad social y la deserción estudiantil. Aunque derribar barreras de acceso es fundamental para combatir las brechas sociales, también se debe considerar la calidad de la educación ofrecida y las oportunidades de empleo disponibles para los graduados.

Entre los objetivos clave de esta reforma se encuentra el ambicioso plan de crear 500,000 nuevos cupos en instituciones de educación superior para el año 2026, una meta que ha avanzado a paso lento pero que ahora recibe un impulso significativo con esta legislación. La estrategia del Ministerio de Educación “Universidad en tu Territorio” ha intentado llevar acceso a regiones apartadas, enfrentando el desafío principal de asegurar recursos suficientes para establecer nuevas sedes universitarias y ampliar la cobertura educativa.

Además, la nueva ley busca elevar la tasa de cobertura de educación superior del 54.9% al 62% para 2026. Al reconocer la educación superior como un derecho fundamental, se establece la obligación del Estado de ampliar la oferta educativa y garantizar recursos adicionales para fortalecer las universidades. Esta medida incluiría una reforma a la Ley 30, que históricamente ha determinado los recursos que el Gobierno asigna a las Instituciones de Educación Superior, abordando así el déficit presupuestario crónico que enfrentan estas instituciones y permitiéndoles expandir su capacidad.

Por otra parte, la ley estatutaria también apunta a mejorar las trayectorias educativas completas, con el objetivo de reducir la deserción y el abandono escolar, especialmente en las regiones más remotas del país. En este sentido, se pretende que cada persona que ingrese al sistema educativo tenga la oportunidad de graduarse, promoviendo una mayor equidad en el acceso a la educación superior. Es de importancia el abordar los desafíos actuales del sistema educativo colombiano, donde solo una fracción de los estudiantes logra completar su educación secundaria y acceder a la educación superior. La obligatoriedad de la educación media, contemplada en el proyecto de ley estatutaria, se presenta como una medida crucial para reducir la deserción escolar y garantizar una mayor cobertura educativa.

Por otro lado, Gabriel Rueda, Director de RedTTU, afirma “Desde la perspectiva de RedTTU, es imperativo abordar el desfinanciamiento estructural que afecta la educación superior del sector público en Colombia. Es fundamental equiparar las condiciones de autonomía institucional y de financiamiento entre las universidades y las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTU). No se trata de restar recursos a las universidades públicas, sino de garantizar vía Presupuesto General de la Nación un aporte equitativo para las 33 ITTU públicas, en base a la cantidad de estudiantes matriculados y a las condiciones de su oferta y presencia regional. Dotar de una base presupuestal suficiente, adecuada y equitativa a las ITTU es un paso esencial para garantizar el derecho a la educación superior en Colombia.”

En cuanto a la financiación de la educación superior, se reconoce un desafío significativo. Mientras que el número de estudiantes y de instituciones ha aumentado considerablemente en los últimos años, los recursos provenientes del Estado no han crecido de manera proporcional. La propuesta del gobierno, centrada en la visión de la universidad como un bien público, plantea la creación de nuevas instituciones oficiales y la reducción de tasas de interés en los créditos estudiantiles.

La distribución de los recursos para la educación superior en Colombia ha sido un tema de creciente preocupación y debate en el país. De los $55 billones que el Gobierno dedica a la educación en el 2024, aproximadamente $5,5 billones están dirigidos a la educación superior. Sin embargo, la asignación de estos fondos plantea desafíos significativos, ya que cerca de $4,5 billones se destinan al sistema público, dejando apenas alrededor de $1 billón para diversos programas de apoyo a estudiantes, como los créditos del Icetex, resalta Dominguez, Director Ejecutivo de ASCUN.

En conclusión, si bien la matrícula gratuita representa un avance en el acceso a la educación superior, es necesario abordar de manera integral la calidad de la educación, las oportunidades de empleo y la deserción estudiantil. La reforma a la Ley 30 es un paso importante, pero aún queda trabajo por hacer para garantizar una educación superior equitativa y de calidad para todos los colombianos.

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